Concentracion el jueves 27 de agosto las 11hs en frente de la Catedral Metropolitana.

Democratizar la comunicación y comunicar la democracia.

Por Facundo Castro

El proyecto de ley de servicios audiovisuales de comunicación, que ingresó en el Congreso de la Nación este jueves 27 de julio, lleva implícito el presagio de una nueva y difícil batalla parlamentaria, tanto por la magnitud de los interés que resultarían afectados por su eventual vigencia, como por la importancia que reviste su aprobación para la calidad del proceso democrático argentino. Los medios de comunicación han logrado durante los 26 años que llevamos de democracia ininterrumpida, acrecentar su poder como formadores de la opinión publica y escapar al cuestionamiento social, en el orden tanto de la conformación de las sociedades empresarias que lucran con esa actividad, como en la metodología de los procesos comunicacionales y en la calidad y regulación de los mismos. En los últimos cinco años, pero sobre todo en el ultimo año y medio, se evidencio para cualquiera que se haya propuesto observar con cierto nivel critico las coberturas periodísticas de los noticieros, radiales y televisivos; que estos lejos de proponerse informar a la sociedad de sus problemas cotidianos, seleccionan una serie de noticias que organizan con espíritu opositor e intencionalidad dirigida a desgastar a un gobierno que pretende acotar sus márgenes de maniobra y la magnitud de su poder.
Amparados en el santo principio de la “libertad de expresión”, se envuelven en un manto de servidores públicos y de objetividad comunicacional, con el que pretenden excluirse de todo debate social, y que solo un gobierno “despótico” de “setentistas autoritarios” osaría cuestionar. Aunque ningún ente regule el tipo y calidad de su información, clamaran que no hay libertad de expresión, aunque no haya legislación alguna contra la conformación de monopolios en una actividad tan importante y considerada un derecho humano como la comunicación, pondrán el grito en el cielo afirmando que no hay libertad de expresión y que el Gobierno los ataca; aunque no haya organismo alguno que controle lo fidedigno de la información con las cuales arman sus noticias, no se cansaran de decir que no hay libertad de expresión, no les faltara hipocresía y cinismo para ofrecer el paradójico espectáculo de denunciar la “censura” por todos los medios de los que disponen, supuestamente censurados
Pero al servicio de quienes están estas grandes empresas comunicacionales, estos grandes lucradores de la información, que otorgan horas de cobertura televisiva a asesinatos y secuestros, que infestan las pantallas con programas banales de chimentos y entretenimiento fácil. Por el contrario de lo que ellos afirman en sus emisiones, sus clientes no son ni los oyentes de sus radios, ni los televidentes de sus emisiones de TV, ni los lectores de sus diarios y revistas; sus clientes son sus auspiciantes, los que llenas los espacios publicitarios de donde obtienen caudalosos ingresos. Ellos venden televidentes, lectores y oyentes, como mercancía a sus reales clientes los auspiciantes, que mas pagaran por el espacio publicitario de un programa que tenga mayor rating, no importa de que se trate, importa la cantidad de espectadores, esto es lo que determina el precio del espacio, la cantidad de espectadores que vende y a los cuales llegan su publicidad, lo demás es relleno. La Nación vende consumidores de alto nivel, Clarín de clase media, Crónica de clases bajas, etc., la lista es enorme. Ningún medio de comunicación actuara en contra de sus auspiciantes, de la misma manera que ningún empresario iría en contra de sus propios clientes, esto equivaldría el suicidio.
Ellos difunden la información que mas conviene a sus intereses, ellos regalan información a todo quien tenga la posibilidad de prender una tele o escuchar una radio o leer un diario, al alcance casi de cualquiera. Regalan información barata, sencilla, lo suficientemente pequeña como para que entre en los 10 minutos de noticiero que hay entre tanda y tanda, o en lo que queda de las páginas de diarios y revistas que no fue seleccionado para publicidad, con la finalidad de atraer espectadores. La información valiosa es guardada y cobrada, hasta el futbol debía ser pagado aparte. Y si la información y el tiempo en el aire tienen un valor que debe ser pagado, solo accederá el sector que tenga el dinero, solo quien pueda pagar el espacio saldrá al aire. Así la información también se convierte en una mercancía con valor propio, así las clases altas dueñas de grandes riquezas, se adueñan de la información. ¿Dónde esta la libertad de expresión? ¿Tiene la misma capacidad de hacer oír sus reclamos en los medios la Comunidad Toba que los miembros de la Mesa de Enlace? ¿O las madres del paco tienen mas cobertura de la que gozo Carlos Blumberg?¿Un rico tiene iguales posibilidades de exponer su propuesta política que un pobre? Mientras exista una ley que solo permita medios de comunicación con finalidades de lucro, las respuestas a estas preguntas, continuaran siendo negativas.
Es fundamental para el mejoramiento de la calidad democrática, destinar la acción política al apoyo de la aprobación de la nueva ley de servicios audiovisuales, que fomenta los medios públicos y cooperativos, que garantiza un acceso igualitario a todos los sectores de la vida argentina a medios de comunicación alternativos al de las grandes compañías, una ley que prohíbe el monopolio, para que el monologo del discurso único de los poderosos sea remplazado por la pluralidad de voces, de ricos y pobres. Democratizar la comunicación, es abrir el debate de como queremos ser, de cómo queremos seguir, es conocernos a nosotros mismos en cada rincón del país, es darle voz a los que siempre estuvieron cayados; comunicar la democracia es poner en la era de las comunicaciones, el desarrollo tecnológico en función de la difusión de los conocimientos culturales, educativos, económicos y sociales a los cuales todo argentino tiene derecho, y de los cuales se ve privado hasta ahora. Es quitarles el monopolio de elementos comunicacionales tan extraordinarios como la radio y la TV, a quienes sea han hecho ricos y poderosos con el hambre y la ignorancia de los argentinos.

Articulos de la Agrupación

Los Cruzados de la pobreza y la “opción preferencial por los ricos”

. Por Facundo Castro.

Jueves 20 de agosto de 2009

La posible compra por parte del Estado Argentino de los derechos de transmisión de los partidos de futbol a la AFA, ha generado toda una serie de cuestionamientos por parte de aquellos que a estas alturas, apenas pueden disimular su desprecio a toda acción de gobierno.
La reciente preocupación por la pobreza por parte de una dirigencia millonaria, que parece haber descubierto de la noche a la mañana que en la Argentina existen millones de argentinos que sufren necesidades; y que no encuentra obstáculos morales a la hora de disimular la relación existente entre sus fortunas, amasadas a base de negocios espurios, de evasión tributaria y de negociados con el patrimonio publico; y la situación de pobreza que ahora se empeñan en denunciar.
La indignación de esta dirigencia, ante la inminencia del desembolso de 600 millones de pesos que el Gobierno invertiría en un negocio que dejo para sus antiguos explotadores 1200 millones de pesos anuales, y que alega que preocuparse del futbol y destinar semejante suma a este mientras los pobres pobres siguen en su pobreza, es otro desvarío kirchnerista.
La formulación de criticas como esta, aparte de vislumbrar una torcida y pobre interpretación de la acción de gobierno, esconde un cinismo crónico en boca de dirigentes como los de la mesa de enlace, quienes reciben permanentes subsidios por parte del Estado, que lejos de redundar en mayor producción y puestos de trabajo, aumenta los dígitos de sus cuentas bancarias.
A nadie parece escandalizar que en los últimos 15 meses el Estado haya transferido al sector agropecuario mas de 21 mil millones de pesos en concepto de subsidios, cuando la asignación universal por hijo de 135 pesos que se pretende implementar, costaría a las arcas estatales alrededor de 9700 millones de pesos y continua en agitado debate. Esto demuestra que nadie pone en cuestión, desde los sectores opositores, el rol del Estado cuando realiza politicas noventista y toma abierto partido hacia la “opción preferencial por los ricos”, destinando importantes recursos que servirían para mejorar la situación de la enorme masa de excluidos.
Los sectores acaudalados, y por lo tanto con gran capacidad para hacer oír sus reclamos, siempre que percibe que sus ingresos pueden verse afectados por medidas de carácter impositivo, utiliza como argumento el “recorte de libertades” y la “falta de seguridad jurídica” que ello significaría, (basta recordar los argumentos mediáticos contra la resolución 125), pero nadie argumenta, en contrapartida a este último concepto, la enorme obtención de libertad y de seguridad jurídica que significaría, para millones de pobres y excluidos, la asignación de un subsidio, que sería en la mayoría de los casos, el único ingreso fijo de miles de familias con las necesidades básicas más elementales insatisfechas.
¿ Donde está la indignación mediática ante la cantidad de recursos y obras sin licitar en la Ciudad de Buenos Aires que son asignadas a empresas vinculadas con el Jefe de Gobierno o sus amigos?, ¿donde está la indignación ante el subsidio a los grandes ganaderos y sectores agrícolas, o de los balances presentados en la Bolsa de Comercio por las principales empresas productores de alimentos, con ganancias extraordinarias?.
Ahora la realidad mediática muestra al presidente de la Sociedad Rural y al obispado católico, como los únicos interesados por los pobres; el primero se niega a decir en público la cantidad de cabezas de ganado que posee, y preside una corporación que apoyó abiertamente todos los gobiernos que desde la última dictadura militar hasta esta parte, aplicaron las medidas económicas que hundieron en la pobreza a millones de hermanos, y el segundo sustento ideológicamente las acciones represivas de la dictadura en general, y contra los curas del Tercer Mundo en particular, quienes proponían para la solución de las penurias de los pobres, una mayor inclusión y participación en la distribución de la riqueza, plan alternativo al de la dirigencia católica ortodoxa, que su único plan es la mera limosna como paliativo de la miseria, sabiendo perfectamente que “la pureza espiritual” de las donaciones mezquinas, que pretenden dar rédito moral y legitimación social a una iglesia lujosa de ricos avaros, no tendría razón de ser en una sociedad más igualitaria y con inclusión social. Pero nada de esto aparece en el “periodismo libre” de los periodistas a sueldo de los multimedios.
Objetan la inversión de 600 millones de pesos en la adquisición de los derechos de transmisión de los partidos de futbol a la AFA, como un gasto innecesario y un error de prioridades, esconden lo que realmente puede ser, una inversión en un negocio multimillonario que durante veinte años dio extraordinarias ganancias, una inversión que aparte de finalizar con el monopolio de TyC y brindar futbol gratuito a millones de hinchas que no tienen dinero para pagar el codificado, se obtendrán ingentes ganancias que se pueden volcar en, precisamente, disminuir la pobreza. Con lo cual se cumpliría una doble finalidad, democratizar el futbol al terminar con el monopolio del mismo, y generar recursos de los cuales disponer para la reducción de la pobreza, el futbol ( según decían en la tele) es de todos, en realidad resultaba ser de todos…los que pueden pagarlo, es decir, es de todos pero lo ven algunos.
Es verdad que la prioridad del Estado debería ser combatir la pobreza, pero su estructura burocrática y su capacidad de acción es basta, y esta se debe extender a diferentes áreas, y la existencia de una prioridad tan grande como la pobreza no debe deslegitimizar su accionar en otras cuestiones, no por menos prioritarias dejan de ser importantes. ¿No podría ocuparse del mantenimiento y mejora de las rutas nacionales existiendo la pobreza como prioridad?, ¿No podría ocuparse del sistema de transportes, de los servicios públicos, de la reforma política, del dialogo con la oposición, de escuchar a las cámaras patronales, de subsidiar a tamberos?.
Naturalmente, que este tipo de argumentación mediática, tiende a deslegitimar la incursión del Gobierno en un negocio muy redituable que siempre fue monopolio de TyC, y que afecta directamente al multimedio Clarín, que nunca tuvo problema en quitarle a los pobres el consuelo del futbol. Por otra parte, el futbol es pasión popular y elemento constitutivo de la identidad nacional, de esta forma se repara una injusticia, que es que los argentinos no podían acceder a la televisación gratuita de un deporte del cual se es potencia mundial.
Todo parece indicar, que existe una indignación bastante selectiva en el clima mediático, que denota abierta hipocresía y descarado cinismo, y esconde el debate real: ¿Qué sectores aportaran los recursos para financiar al Estado y en beneficio de quien se destinará ?, si toda acción de gobierno beneficia a un sector en contra de otro, ¿hacia dónde debe apuntar la acción del Estado?, de cómo se resuelva esta disyuntiva, fruto del resultado de las fuerzas sociales en conflicto, determinara si la opción seguirá siendo “preferencial por los ricos”, o si por el contrario, será por los pobres.

Articulos de la Agrupación

LÍMITES

. Por Facundo Cersósimo.
Miércoles 12 de agosto de 2009

Antes de comenzar es necesaria una aclaración. El gobierno que asume el 25 de mayo de 2003 con Néstor Kirchner a la cabeza, y que en el 2007 tiene continuidad con Cristina Fernández de Kirchner, es el mejor que se recuerde desde la muerte de Juan Perón a esta parte.
La enumeración de sus aciertos no es el objetivo de este artículo, pero la reducción del desempleo, pobreza e indigencia, la recuperación de empresas privatizadas, la integración latinoamericana y el avance de la justicia sobre los crímenes cometidos por las autoridades de la última dictadura militar -entre otros- son hechos claves a la hora de su evaluación.
Por eso, es imprescindible defender a este gobierno, marcando aciertos y desaciertos, pero teniendo en claro que las fuerzas opositoras mayoritarias -partidarias o no- proponen de un modo velado y por momentos de manera transparente un retroceso y no una profundización que beneficie a los más excluidos.
Sin embargo, a más de seis años de iniciado el proceso, y luego de una pérdida considerable de votos a nivel nacional -y no sólo de sectores medios-, se torna necesario marcar algunos límites estructurales del mismo, que no están relacionados con lo que no se puede hacer -por correlaciones de fuerzas, cuestión que tenemos en claro-, sino más bien con lo que no se quiso hacer y lo que sí, pero fracasó.
El sostén del modelo económico iniciado en 2003 difiere respecto a las décadas precedentes. A partir de la devaluación del año 2002, se establecen como pilares macroeconómicos, un tipo de cambio competitivo para los sectores ligados al comercio exterior, superávit fiscal y comercial que permite la acumulación de divisas, reducción de la deuda externa -cancelando la contraída con el FMI-, acuerdos de precios y salarios que permitan aumentar paulatinamente el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la pobreza a través de generación de empleo y no -exclusivamente- de políticas sociales ni asistenciales de tipo universales.
Hasta el año 2007 aproximadamente este modelo parecía más que exitoso, ya que garantizaba a gran parte de los sectores económicos y sociales una mejora respecto a los años anteriores. Los índices económicos así lo demostraban y los triunfos en las elecciones de 2005 y 2007 con el apoyo de los sectores trabajadores, también. Los acuerdos iniciales con corporaciones económicas y mediáticas -como la Sociedad Rural Argentina y el grupo Clarín, entre otras- hacían creer que con garantizarles ganancias y algunas prerrogativas bastaba para ubicarlos como aliados y socios del nuevo modelo.
Sin embargo, desde el 2007 a esta parte, los grupos económicos más importantes -sumado a la crisis internacional y a la caída de los precios de los commodities-, pusieron fin al crecimiento con distribución de la riqueza y generación de empleo que el gobierno se proponía llevar adelante. Quedó demostrado que no era sólo cuestión de tiempo y de ajustes parciales el camino para alcanzar una sociedad de pleno empleo y equitativa, sino del tipo de alianzas establecidas para hacerlo viable.
El techo fue puesto por los actores económicos que detentan el poder en la Argentina, más que por ineficiencias de implementación por parte del gobierno.
Pensar que se puede construir una matriz de crecimiento económico con distribución de la riqueza estableciendo acuerdos, pactos o alianzas con actores y corporaciones económicas que demostraron que privilegian la obtención de la mayor cantidad de renta posible, en el menor plazo deseable e invirtiendo la menor cantidad de capital que puede, es ir al fracaso. La historia así lo demuestra.
La aplicación de este tipo de modelos fueron exitosos en las sociedades europeas de la segunda posguerra y, en el caso de la Argentina, la experiencia del primer peronismo fue el ejemplo más cercano. Intentar trasladar esas herramientas a la Argentina del siglo XXI refleja las falencias de un proyecto ya inviable para los fines que se buscan.
Con la casi mitad de la población que se encuentra desocupada, subocupada o trabajando en negro, con cientos de miles de personas menores de 35 años que no terminaron sus estudios ni tienen un oficio -producto de las políticas de las décadas pasadas-, se hace muy difícil que se incorporen a un modelo con un Estado que es regulador y no actor protagónico y planificador de la economía.
La política de pacto social del primer peronismo contaba con un Estado que era dueño de los grandes resortes de la vida económica: servicios públicos, petróleo, comercio exterior, depósitos bancarios, ferrocarriles, etc. Sumado a que la estructura económica no se encontraba en manos de oligopolios al grado de la actual y que el mercado laboral estaba cercano al pleno empleo formal (donde el aumento salarial por convenios colectivos resultaba de fácil aplicación y de alcance nacional).
Los últimos dos años reflejaron con crudeza el límite tolerado a la distribución de la riqueza. Los grupos económicos más concentrados, vinculados en gran parte al mercado de exportación y débilmente al interno comenzaron a disputar la renta que se generaba, mostrándose reacios a un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, no porque pierdan plata, sino por querer ganar todavía más.
Esto queda en evidencia en el mercado de alimentos, donde son muy pocas empresas las que manejan el mismo y ponen límites al poder adquisitivo de los salarios, gran parte del cual se destina a la alimentación (Arcor y Molinos Río de la Plata SA poseen cerca del 50 % del mercado).
Por más eficiente que sea la política de la Secretaría de Comercio y del Ministerio de Economía, no se puede hacer un pacto con sectores que están dispuestos a no cumplirlos, y que al manejar múltiples eslabones de la cadena de valor, por la integración vertical y horizontal que consiguieron en las últimas décadas, les resulta muy fácil esquivar las trabas impuestas.
La construcción de un modelo de país sustentado en acuerdos con una burguesía fallida -como señala Alfredo Zaiat-, en grupos corporativos sin proyecto de país sustentable para las mayorías y, por otro lado, de una estructura política de frágiles acuerdos, sin renovación, sin legitimación social y sin participación popular, marcan los límites de éste proceso, más allá de las excelentes medidas en sentido progresivo que puedan tomarse dentro del mismo.
Hasta las mejores decisiones para profundizar el actual modelo siguen enfocándose desde una perspectiva de necesidad fiscal, tal como sigue discutiéndose la derogación parcial o total de las retenciones a alguno de los productos primarios de exportación. Las retenciones a la soja no tendrían que ser sólo un problema fiscal. Son necesarias para no ir hacia el monocultivo, que expulsa mano de obra, que empobrece el suelo, que contamina la tierra y la salud de todo ser vivo, y que pone en riesgo la soberanía alimentaria del país.
Las últimas elecciones legislativas demostraron una pérdida importante de votos entre los sectores más pobres y trabajadores, que dieron la espalda no por los malos modales del gobierno, sino porque hay un modelo que hizo mucho pero que no termina de incluirlos, y que, por otro lado, se suma a la herida no cicatrizada del “que se vayan todos”, que reclamaba subterráneamente la renovación de los políticos ligados al neoliberalismo y a los negocios espurios con el sector privado.
Es necesario rescatar todo lo hecho hasta el presente para utilizarlo de plataforma de un nuevo modelo, que profundice lo implementado hasta el momento. Para eso es necesario un Estado que avance decididamente sobre resortes que permitan disminuir los niveles de pobreza y de desocupación -principalmente- en las aglomeraciones urbanas donde se encuentran los sectores más vulnerables en el mercado de trabajo.
Un Estado participativo, que forme mesas de trabajo y de discusión política descentralizadas, con la participación de todas las organizaciones que trabajan seriamente en los territorios y que pudieron dar respuestas a los problemas que el Estado no resolvió desde proyectos planificados por técnicos con buenas intenciones.
Un Estado que sea actor económico y no simplemente un regulador, que se inserte como empresa Estatal en los sectores más sensibles: alimentación, salud, vivienda, energía, transporte, comunicaciones, ya que las regulaciones impuestas son fácilmente franqueables por sectores acostumbrados a ese juego.
Sumado a esto es necesario la creación de una nueva herramienta política participativa y transformadora que represente un nuevo bloque social. Allí tendrán que estar todas las fuerzas y los referentes que vienen apoyando las mejores medidas de gobierno -si es con Kirchner mejor- y que estuvieron de su lado en el conflicto con las patronales rurales, donde se disputaba la legitimidad del Estado en intervenir sobre la renta extraordinaria privada.
Sumar también a todos los sectores que en las últimas elecciones obtuvieron resultados positivos y que critican al gobierno más por lo que no hizo que por lo que hizo. Incluir a los pequeños empresarios que son dueños de PyMES y necesitan un mercado interno fuerte.
Convocar a todos los sectores que pelean sectorial y regionalmente en contra de las expropiaciones de tierras, el monocultivo y la contaminación ambiental, al Movimiento Nacional Campesino, a los que pelean contra la discriminación de género, a todas las comunidades originarias que luchan frente a los poderes que los avasallan, a los intelectuales nucleados en Carta Abierta, a todos los sectores profesionales que estén dispuestos a llevar adelante las transformaciones sociales necesarias y urgentes, a los estudiantes, y a todos los paisanos de a pie que sueñan con una Patria nueva…
Todo lo dicho, no es con ánimo acusatorio contra el gobierno actual, sino un aporte para diagnosticar las falencias, para allanar el camino y profundizar los cambios pendientes. Es imprescindible reformular las alianzas económicas, sociales y políticas que sean sustentables en el largo plazo, ya que las actuales mostraron su ineficiencia y saturación, vislumbradas desde el conflicto por la resolución 125 hasta las elecciones parlamentarias del 28 de junio último.
De tener en claro los límites y errores cometidos, y dejando diferencias secundarias a un costado, el proceso iniciado en el 2003 podrá tener una continuidad en el 2011, bloqueando la posibilidad de una Restauración Conservadora en cualquiera de sus variantes.

facundo.cersosimo@gmail.com

Novedades de la Agrupación

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