martes, 25 de agosto de 2009

Articulos de la Agrupación


LÍMITES

. Por Facundo Cersósimo.
Miércoles 12 de agosto de 2009




Antes de comenzar es necesaria una aclaración. El gobierno que asume el 25 de mayo de 2003 con Néstor Kirchner a la cabeza, y que en el 2007 tiene continuidad con Cristina Fernández de Kirchner, es el mejor que se recuerde desde la muerte de Juan Perón a esta parte.
La enumeración de sus aciertos no es el objetivo de este artículo, pero la reducción del desempleo, pobreza e indigencia, la recuperación de empresas privatizadas, la integración latinoamericana y el avance de la justicia sobre los crímenes cometidos por las autoridades de la última dictadura militar -entre otros- son hechos claves a la hora de su evaluación.
Por eso, es imprescindible defender a este gobierno, marcando aciertos y desaciertos, pero teniendo en claro que las fuerzas opositoras mayoritarias -partidarias o no- proponen de un modo velado y por momentos de manera transparente un retroceso y no una profundización que beneficie a los más excluidos.
Sin embargo, a más de seis años de iniciado el proceso, y luego de una pérdida considerable de votos a nivel nacional -y no sólo de sectores medios-, se torna necesario marcar algunos límites estructurales del mismo, que no están relacionados con lo que no se puede hacer -por correlaciones de fuerzas, cuestión que tenemos en claro-, sino más bien con lo que no se quiso hacer y lo que sí, pero fracasó.
El sostén del modelo económico iniciado en 2003 difiere respecto a las décadas precedentes. A partir de la devaluación del año 2002, se establecen como pilares macroeconómicos, un tipo de cambio competitivo para los sectores ligados al comercio exterior, superávit fiscal y comercial que permite la acumulación de divisas, reducción de la deuda externa -cancelando la contraída con el FMI-, acuerdos de precios y salarios que permitan aumentar paulatinamente el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la pobreza a través de generación de empleo y no -exclusivamente- de políticas sociales ni asistenciales de tipo universales.
Hasta el año 2007 aproximadamente este modelo parecía más que exitoso, ya que garantizaba a gran parte de los sectores económicos y sociales una mejora respecto a los años anteriores. Los índices económicos así lo demostraban y los triunfos en las elecciones de 2005 y 2007 con el apoyo de los sectores trabajadores, también. Los acuerdos iniciales con corporaciones económicas y mediáticas -como la Sociedad Rural Argentina y el grupo Clarín, entre otras- hacían creer que con garantizarles ganancias y algunas prerrogativas bastaba para ubicarlos como aliados y socios del nuevo modelo.
Sin embargo, desde el 2007 a esta parte, los grupos económicos más importantes -sumado a la crisis internacional y a la caída de los precios de los commodities-, pusieron fin al crecimiento con distribución de la riqueza y generación de empleo que el gobierno se proponía llevar adelante. Quedó demostrado que no era sólo cuestión de tiempo y de ajustes parciales el camino para alcanzar una sociedad de pleno empleo y equitativa, sino del tipo de alianzas establecidas para hacerlo viable.
El techo fue puesto por los actores económicos que detentan el poder en la Argentina, más que por ineficiencias de implementación por parte del gobierno.
Pensar que se puede construir una matriz de crecimiento económico con distribución de la riqueza estableciendo acuerdos, pactos o alianzas con actores y corporaciones económicas que demostraron que privilegian la obtención de la mayor cantidad de renta posible, en el menor plazo deseable e invirtiendo la menor cantidad de capital que puede, es ir al fracaso. La historia así lo demuestra.
La aplicación de este tipo de modelos fueron exitosos en las sociedades europeas de la segunda posguerra y, en el caso de la Argentina, la experiencia del primer peronismo fue el ejemplo más cercano. Intentar trasladar esas herramientas a la Argentina del siglo XXI refleja las falencias de un proyecto ya inviable para los fines que se buscan.
Con la casi mitad de la población que se encuentra desocupada, subocupada o trabajando en negro, con cientos de miles de personas menores de 35 años que no terminaron sus estudios ni tienen un oficio -producto de las políticas de las décadas pasadas-, se hace muy difícil que se incorporen a un modelo con un Estado que es regulador y no actor protagónico y planificador de la economía.
La política de pacto social del primer peronismo contaba con un Estado que era dueño de los grandes resortes de la vida económica: servicios públicos, petróleo, comercio exterior, depósitos bancarios, ferrocarriles, etc. Sumado a que la estructura económica no se encontraba en manos de oligopolios al grado de la actual y que el mercado laboral estaba cercano al pleno empleo formal (donde el aumento salarial por convenios colectivos resultaba de fácil aplicación y de alcance nacional).
Los últimos dos años reflejaron con crudeza el límite tolerado a la distribución de la riqueza. Los grupos económicos más concentrados, vinculados en gran parte al mercado de exportación y débilmente al interno comenzaron a disputar la renta que se generaba, mostrándose reacios a un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, no porque pierdan plata, sino por querer ganar todavía más.
Esto queda en evidencia en el mercado de alimentos, donde son muy pocas empresas las que manejan el mismo y ponen límites al poder adquisitivo de los salarios, gran parte del cual se destina a la alimentación (Arcor y Molinos Río de la Plata SA poseen cerca del 50 % del mercado).
Por más eficiente que sea la política de la Secretaría de Comercio y del Ministerio de Economía, no se puede hacer un pacto con sectores que están dispuestos a no cumplirlos, y que al manejar múltiples eslabones de la cadena de valor, por la integración vertical y horizontal que consiguieron en las últimas décadas, les resulta muy fácil esquivar las trabas impuestas.
La construcción de un modelo de país sustentado en acuerdos con una burguesía fallida -como señala Alfredo Zaiat-, en grupos corporativos sin proyecto de país sustentable para las mayorías y, por otro lado, de una estructura política de frágiles acuerdos, sin renovación, sin legitimación social y sin participación popular, marcan los límites de éste proceso, más allá de las excelentes medidas en sentido progresivo que puedan tomarse dentro del mismo.
Hasta las mejores decisiones para profundizar el actual modelo siguen enfocándose desde una perspectiva de necesidad fiscal, tal como sigue discutiéndose la derogación parcial o total de las retenciones a alguno de los productos primarios de exportación. Las retenciones a la soja no tendrían que ser sólo un problema fiscal. Son necesarias para no ir hacia el monocultivo, que expulsa mano de obra, que empobrece el suelo, que contamina la tierra y la salud de todo ser vivo, y que pone en riesgo la soberanía alimentaria del país.
Las últimas elecciones legislativas demostraron una pérdida importante de votos entre los sectores más pobres y trabajadores, que dieron la espalda no por los malos modales del gobierno, sino porque hay un modelo que hizo mucho pero que no termina de incluirlos, y que, por otro lado, se suma a la herida no cicatrizada del “que se vayan todos”, que reclamaba subterráneamente la renovación de los políticos ligados al neoliberalismo y a los negocios espurios con el sector privado.
Es necesario rescatar todo lo hecho hasta el presente para utilizarlo de plataforma de un nuevo modelo, que profundice lo implementado hasta el momento. Para eso es necesario un Estado que avance decididamente sobre resortes que permitan disminuir los niveles de pobreza y de desocupación -principalmente- en las aglomeraciones urbanas donde se encuentran los sectores más vulnerables en el mercado de trabajo.
Un Estado participativo, que forme mesas de trabajo y de discusión política descentralizadas, con la participación de todas las organizaciones que trabajan seriamente en los territorios y que pudieron dar respuestas a los problemas que el Estado no resolvió desde proyectos planificados por técnicos con buenas intenciones.
Un Estado que sea actor económico y no simplemente un regulador, que se inserte como empresa Estatal en los sectores más sensibles: alimentación, salud, vivienda, energía, transporte, comunicaciones, ya que las regulaciones impuestas son fácilmente franqueables por sectores acostumbrados a ese juego.
Sumado a esto es necesario la creación de una nueva herramienta política participativa y transformadora que represente un nuevo bloque social. Allí tendrán que estar todas las fuerzas y los referentes que vienen apoyando las mejores medidas de gobierno -si es con Kirchner mejor- y que estuvieron de su lado en el conflicto con las patronales rurales, donde se disputaba la legitimidad del Estado en intervenir sobre la renta extraordinaria privada.
Sumar también a todos los sectores que en las últimas elecciones obtuvieron resultados positivos y que critican al gobierno más por lo que no hizo que por lo que hizo. Incluir a los pequeños empresarios que son dueños de PyMES y necesitan un mercado interno fuerte.
Convocar a todos los sectores que pelean sectorial y regionalmente en contra de las expropiaciones de tierras, el monocultivo y la contaminación ambiental, al Movimiento Nacional Campesino, a los que pelean contra la discriminación de género, a todas las comunidades originarias que luchan frente a los poderes que los avasallan, a los intelectuales nucleados en Carta Abierta, a todos los sectores profesionales que estén dispuestos a llevar adelante las transformaciones sociales necesarias y urgentes, a los estudiantes, y a todos los paisanos de a pie que sueñan con una Patria nueva…
Todo lo dicho, no es con ánimo acusatorio contra el gobierno actual, sino un aporte para diagnosticar las falencias, para allanar el camino y profundizar los cambios pendientes. Es imprescindible reformular las alianzas económicas, sociales y políticas que sean sustentables en el largo plazo, ya que las actuales mostraron su ineficiencia y saturación, vislumbradas desde el conflicto por la resolución 125 hasta las elecciones parlamentarias del 28 de junio último.
De tener en claro los límites y errores cometidos, y dejando diferencias secundarias a un costado, el proceso iniciado en el 2003 podrá tener una continuidad en el 2011, bloqueando la posibilidad de una Restauración Conservadora en cualquiera de sus variantes.


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